Conforme con el trabajo de implementación dice estar el subsecretario del Trabajo, Francisco Díaz, a sólo 15 días de la entrada en vigencia de la reforma laboral. La Dirección del Trabajo (DT) ya emitió nueve dictámenes de oficio y se prepara para publicar nuevos escritos con el fin de precisar normas puntuales de la nueva legislación. Sin embargo, el pronunciamiento de la institución sobre los grupos negociadores agitó los ánimos del mundo laboral.
La instancia aseguró el lunes que no puede regular a través de un dictamen un procedimiento de negociación colectiva para dichos grupos, poniendo nuevamente en discusión la posibilidad de una ley que se encargue del vacío legal que quedó en la reforma tras su paso por el Tribunal Constitucional (TC). Pero la autoridad es tajante: “Como gobierno, sin esa disposición política, con los acotados tiempos legislativos que tenemos, solo nos cabe implementar y aplicar la ley vigente en los marcos que la DT nos ha dicho”.
- ¿Cómo reciben las críticas por el dictamen de la DT?
- Ya estamos acostumbrados a la crítica política hacia lo que pueda hacer la ley. Respecto al dictamen de grupos negociadores, la DT ha señalado lo que en derecho corresponde. Y más allá de la crítica inicial para obtener algún dividendo político por la ley, es difícil encontrar abogados que sustenten la teoría de que la DT pudiera por la vía interpretativa abordar campos de evidente dominio legal.
- ¿Qué harán frente a este tema?
- Lo que la DT ha señalado es que no puede por la vía de la facultad interpretativa entrar a regular por completo un procedimiento que es de dominio exclusivo de la ley. Y, acto seguido, ha señalado que si hubiera algún tipo de acuerdo entre grupos de trabajadores organizados espontáneamente y empleadores, aquellos acuerdos no tendrían los efectos del libro IV del Código del Trabajo. Por tanto, si ocurren aquellos acuerdos, van a ser válidos entre las partes pero sin los efectos que el libro IV del Código le atribuye a los acuerdos colectivos firmados entre sindicatos y empresas.
- ¿Esto obliga a impulsar una ley corta?
- Nosotros siempre advertimos: se puede generar un cierto vacío o contradicción legal respecto de la situación del grupo negociador. Se buscó el año pasado públicamente acuerdos con la oposición, incluso se habló de una reforma constitucional que pudiera zanjar el tema, pero no hubo siquiera disposición a ese diálogo. Por tanto, ahora como gobierno, sin esa disposición política, con los acotados tiempos legislativos que tenemos, solo nos cabe implementar y aplicar la ley vigente en los marcos que la DT nos ha dicho.
- Es decir, desde el gobierno se da por agotado ese espacio para conversar nuevamente…
- Hoy, con el acotado tiempo legislativo, sin disposición de diálogo, sencillamente no puede haber espacio para una ley de ninguna naturaleza.
- ¿Y la oposición es la culpable que los grupos negociadores hayan quedado en una “tierra desierta”?
- Los grupos negociadores no quedan en tierra desierta. El dictamen es bastante claro. Si hay un grupo de personas que voluntariamente desea negociar de manera espontánea, puede hacerlo, aquel instrumento tendrá efecto entre las partes, pero no tiene los efectos que el libro IV, es decir, el libro que regula los derechos colectivos.
- Pero la oposición vendría siendo la responsable de este escenario…
- Bueno, la oposición presentó el requerimiento sin tener claro sus efectos.
- En cuanto a los grupos negociadores, ¿dan por sentado que esto será materia de judicialización?
- Hoy existe una judicialización bastante profusa en distintas materias del proceso de negociación colectiva. Por ejemplo, la ha habido recientemente sobre los equipos de emergencia que regula la ley. Pues bien, eso no va a ser necesario si es que hay, por ejemplo, un acuerdo de servicios mínimos. Es decir, ahí puede que haya avances en materia de no judicialización. En el tema de los grupos negociadores, lo que probablemente va a ocurrir es que algunos grupos, algunas empresas, llegue a un tipo de acuerdo, ese acuerdo surta efectos, pero se producirá una discusión sobre si genera o no los efectos del libro IV del Código del Trabajo. Creemos que el dictamen es bastante claro, legalmente es impecable y, por tanto, va a desalentar a las partes a intentar aquella judicialización.
- ¿Es prudente que el gobierno dé señales de judicialización mientras los diversos actores insisten en las incertidumbres y la opción de una ley corta?
- Hoy, con la actual ley, hay mucha judicialización, muchas materias que se llevan a tribunales, muchos puntos que la nueva legislación de hecho soluciona o intenta solucionar y entrega salidas alternativas y mayores opciones de diálogo para que no exista aquella judicialización. Por tanto, a esta altura del debate lo sensato es más bien evaluar aquellas herramientas de diálogo que se sobrepondrán a la judicialización y esperar entonces los resultados y hacer la evaluación al cabo de algunos meses de la legislación para ver dónde pudieran existir aquellos campos de discusión en tribunales.
escondida no es precedente
Diversas voces desde el mundo empresarial y técnico han asegurado que la huelga en Escondida es un adelanto o un precedente de lo que será la nueva legislación laboral que comenzará a regir íntegramente a partir del 1 de abril. Entre las razones, se habla de la judicialización de los servicios mínimos que se dio en esta movilización, la extensión de la paralización para asegurar un piso más beneficioso para las próximas negociaciones, entre otros aspectos. Sin embargo, el subsecretario del Trabajo, Francisco Díaz, desestima este planteamiento. "La huelga de Escondida se ha llevado adelante completamente bajo la ley anterior y no la ley nueva. Por tanto, señalarla como precedente de la ley nueva, no tiene sustento", explica.
¿Es exagerado? "No, sencillamente no tiene sustento jurídico señalar que es el precedente de una ley nueva un procedimiento que se lleva adelante con una ley antigua", asegura.
Servicios mínimos están adjudicados
Pese a las turbulencias que ha sufrido la Dirección del Trabajo (DT) en su tarea de encargar estudios para calificar los servicios mínimos por la falta de oferentes que obligó incluso a realizar un segundo llamado de licitación, el subsecretario del Trabajo, Francisco Díaz, anuncia que hoy ya están los 19 informes adjudicados, y varios de ellos están en plena ejecución.
Eso sí, reconoce que todavía no hay escritos finalizados, aunque durante abril debieran comenzar a llegar los primeros documentos.
Mientras se desarrolla ese proceso, en las últimas semanas han comenzado a aterrizar los primeros requerimientos de pronunciamiento de la DT para calificar servicios mínimos, ya que en algunos casos no se logró que las partes los acordaran. "Están ingresando (requerimientos) diariamente. La semana pasada habían alrededor de 10 solicitudes, todos los días probablemente van a ir ingresando más", comenta.
En tanto, consultado por los tópicos principales que están liderando las consultas "a solicitud de parte" para interpretar aspectos de la reforma, Díaz indica que además de los grupos negociadores y el derecho a la información, se consultó respecto de los pactos de semana 4x3 y de responsabilidad familiar.
La autoridad también anuncia que se están levantando una serie de indicadores para evaluar el impacto real de la nueva ley en aspectos como conductas de las partes, tasas de sindicalización, cobertura de negociación colectiva, entre otros.
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